Ampliar el puente de La Azucarera y derribar las antiguas plataformas del Cercanías son tareas necesarias para evitar desbordamientos en el Guadalhorce La Junta vuelve a permitir que el Ayuntamiento conceda licencias en los polígonos
A finales del pasado año, el concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, mantuvo un encuentro con responsables de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía de la que nace una fórmula para que los propietarios de terrenos en los polígonos puedan obtener licencia de obras en proyectos de nueva construcción, impedidas por la normativa vigente en materia de aguas -siempre que presenten a la Gerencia Municipal de Urbanismo medidas que rebajen el riesgo de inundación en su parcela-. Éstas no tendrán que ser supervisadas por la Consejería, que deja en manos de los técnicos de Urbanismo la potestad para otorgar permisos, siempre que se quieran realizar en el área metropolitana.
Aunque es un avance para más de 3.000 empresarios afectados por los inconvenientes burocráticos derivados el retraso en el encauzamiento del Guadalhorce, no soluciona un problema histórico para los polígonos.
«La Junta confía en nosotros para que autoricemos los proyectos y eso resuelve en gran medida el problema de la inundabilidad en los suelos consolidados», es la valoración del concejal respecto de estas últimas novedades, aunque recordó que el informe de aguas de la Junta seguirá siendo la norma que deberán cumplir tanto los proyectos urbanísticos ya elaborados, como los de nueva construcción.
Pese a este importante avance, en palabras de Pomares, “la solución definitiva” a la inundabilidad no llegará mientras no se sustituya el puente de la antigua N-340 -a la altura de La Azucarera- por uno de mayor altura con respecto del cauce del río, para que no merme la capacidad del encauzamiento en su desembocadura. Hay que recordar que las obras de encauzamiento del Guadalhorce ejecutadas en los años 90 ampliaron la capacidad de desagüe hasta 4.000 metros cúbicos por segundo. Sin embargo, el puente sólo tiene amplitud para 2.700 metros, constituyendo un embudo ante riadas, como quedó patente en diciembre. La reforma del puente, encargada desde hace más una década, supondría coste de unos a70 millones de euros, y en principio sería asumida por el Estado.
Otros escollos
Los últimos informes del Gobierno Central en relación con las infraestructuras públicas que se deben modificar para acabar desbloquear la construcción en suelo industrial incluyen la demolición de la plataforma del antiguo puente del Cercanías, que, al igual que el puente de La Azucarera, actúa como presa.
Actualmente, la declaración de inundabilidad está frenando cualquier operación urbanística en los polígonos Guadalhorce, Santa Teresa, Villa Rosa, Santa Bárbara, Azucarera, La Huertecilla y Santa Cruz, además de una inversión de gran envergadura como es la ampliación del centro comercial Plaza Mayor.
El Plan Hidrológico de Andalucía, conocido popularmente como plan de inundabilidad, vio la luz hace poco más de un año. Su aplicación entra en conflicto con el crecimiento de la ciudad en zonas industriales como Guadalhorce, Guadalmar, Campanillas, el aeropuerto, además de áreas residenciales como El Limonar, el arroyo Jaboneros, el Gálica y sus alrededores.
Por ello, a la causa que la Asociación de Polígonos de Málaga (APOMA) presentó ante el Supremo –y que éste admitió a trámite- el pasado verano se sumó poco después el Ayuntamiento, que considera que, como no se ha dado un periodo de adaptación a la nueva legislación, “hay licencias para la instalación de nuevas construcciones, temporales o permanentes que habrá que denegar”, en suelos urbanos consolidados.
Por su parte, el presidente de la Federación de Polígonos de Andalucía (FEPOAN), Julio Gutiérrez, recuerda que el Estado “no dotó la totalidad del presupuesto que se correspondía al proyecto de encauzamiento, dejando varios kilómetros del río sin el tratamiento necesario para evitar inundaciones”.
Obras menores
De lo poco que se ha hecho en los últimos años a favor de rebajar el riesgo de inundaciones en las márgenes del Guadalhorce destaca la instalación de tuberías en varios tramos del canal secundario en el lado izquierdo de toda zona regable.
La ha ejecutado la Consejería de Medio Ambiente dentro del plan de mejora de la seguridad en las infraestructuras de los sistemas de explotación Guadalhorce-Limonero y Viñuela.
La actuación arrancó en enero para mejorar las condiciones de seguridad de la ciudadanía. Por ello, la obra se centró en tramos que discurrían de forma paralela a caminos con gran tránsito de vehículos y personas habida cuenta de la cercanía a Cártama (El Sexmo, entorno de Cártama Estación) o instalaciones como las de la empresa Caterpillar. Sin embargo, para buena parte de los empresarios afectados, lo ejecutado en cuanto a los regadíos no es más que una obra menor frente a un problema que viene de largo.
