Autor: adminpoligononet

La Gerencia Municipal de Urbanismo ha adjudicado un plan de obras para efectuar reparaciones en los polígonos empresariales de la capital. Este proyecto ha sido contratado con la empresa Excavaciones Montosa por un importe de 400.000 euros y un plazo de ejecución de un año. La cuantía del contrato supone una rebaja del 29,6% respecto a los precios de licitación de este concurso.

Esta medida servirá para dar respuesta a las quejas de los empresarios respecto al estado de conservación de calzadas, aceras, infraestructuras de drenaje y mobiliario urbano. La constructora adjudicada deberá elaborar un inventario del estado de los polígonos y tendrá que inspeccionarlos.

Más de una veintena de efectivos se encuentran desplazados en el lugar de los hechos, junto con cinco camiones auto bomba.

Un incendio afecta en estos momentos a una nave situada en el polígono Villarosa de la capital malagueña. Se trata de un local dedicado al reciclaje de cartón, según han informado desde el Cuerpo de Bomberos.

Las dotaciones han partido hacia la zona de los hechos sobre las 18.00 horas y todavía se encuentran trabajando en la nave. En concreto, más de una veintena de bomberos.

Asimismo se han desplazado hasta cinco camiones auto bomba. Por el momento se desconoce el alcance de las llamas y las causas que habrían provocado el incendio.

• Son datos del informe ‘Cambios de la ocupación del suelo en la costa’ presentado por el Observatorio de la Sostenibilidad.
• En el caso de Málaga, la superficie construida sería del 80%.

El informe ‘Cambios de la ocupación del suelo en la costa’ presentado por el Observatorio de la Sostenibilidad advierte del ritmo de transformación en superficie artificial del litoral español, de forma que apunta que en 2011 el porcentaje de costa construida asciende a un 45 por ciento, cifra que se eleva al 80 por ciento en el caso de la provincia de Málaga.

Dicho informe, consultado por Europa Press, indica que en Andalucía se ha pasado de una superficie construida del 33,18 por ciento en 1987 en la línea de costa (500 metros) al 45,29 por ciento en 2011, de manera que se pasa de 302 kilómetros de costa artificial en 1987 a 412 kilómetros en 2011.

Así, el informe precisa que entre 1987 y 2011 se artificializaron 4,5 kilómetros de costa al año, de manera que a ese ritmo «el tiempo que tardaría la costa en colmatarse sería de 108 años». El informe añade que entre 1987 y 2011 se ha artificializado el 27 por ciento de lo transformado en toda la historia.

Este estudio recuerda que Andalucía tiene unos 917 kilómetros de costa, que pertenecen a cinco provincias, 63 municipios distintos y dos mares diferentes, el Mediterráneo y el Océano Atlántico. La costa está constituida en un 20 por ciento por acantilados, el 65 por ciento son playas y el resto zonas artificiales, marismas o desembocaduras de ríos.

El informe indica que en la costa andaluza se concentra el 35 por ciento de toda la población de la comunidad autónoma. Los seis grandes puertos comerciales andaluces movilizan el 25 por ciento de las mercancías nacionales y sólo en la Bahía de Cádiz se concentra el 15 por ciento de la industria andaluza. Además, tiene tres capitales marítimas de las ocho de la comunidad autónoma y también cinco de sus diez grandes aglomeraciones urbanas son costeras, destacando especialmente Málaga, que acoge en sus municipios del litoral al 75 por ciento de la población total de la provincia.

En esta gran longitud de costa existen parques nacionales emblemáticos, como Doñana, que presenta 334 kilómetros de costa y 80 hectáreas de extensión marina completamente protegidos y ecosistemas con un muy aceptable estado de conservación. En toda la franja costera existen 82 Lugares de Interés Comunitario (LIC), que suman una superficie de 150.000 hectáreas, junto a cuatro Zonas especialmente protegidas de importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) como son Cabo de Gata, Isla de Alborán, Acantilados de Maro-Cerro Gordo y Fondos Marinos del Levante Almeriense. Algunos de ellos, como por ejemplo el Parque Natural del Cabo de Gata, protege a una serie de ecosistemas mediterráneos únicos, «con un muy aceptable estado de conservación y una extensión considerable».

El informe advierte de que la costa andaluza muestra una diferencia importante entre el sector oriental (Almería y Granada) y occidental (Huelva) y el central (Málaga-Granada-Cádiz), este último con niveles de ocupación urbana costera mucho más elevados, especialmente en la provincia de Málaga, que en 2011 alcanzo un 80,57 por ciento de ocupación de la línea costera, partiendo de un 66,23 por ciento en 1987.

El informe indica que «hasta hace poco tiempo se han permitido edificaciones e incluso grandes urbanizaciones ilegales en parte del territorio». Agrega que «en algunos casos se está destruyendo la costa y zonas húmedas de marismas, para la realización de actividades logísticas y polígonos industriales; y grandes complejos químicos como la ría de Huelva o la industria de la bahía de Algeciras, generan vertidos contaminantes al agua; mientras que el caso de Carboneras es similar, y el estado de depuración de muchas ciudades, aunque ha mejorado, sigue siendo bastante deficiente».

Asimismo, advierte de que Granada y Cádiz «tienen plazos de colmatación bastante breves de poco más de 80 años». En ese sentido, alerta de que en la costa granadina «se ha producido un espectacular incremento del 62,38 por ciento de la ocupación de la primera línea costera en el plazo de 24 años (1987-2011)», mientras que el resto de las provincias andaluzas han sufrido todas incrementos lineales en la costa superiores al 40 por ciento a excepción de la «muy saturada» Málaga, donde al no haber ya playa libre para colonizar el incremento fue un «moderado» 21,66 por ciento.

Además, los niveles de incremento de las superficies ocupadas en la franja de 10 kilómetros son «espectaculares», en concreto «más del doble en Almería, Granada y Cádiz entre 1987 y 2011». En Almería y Granada podría parecer algo de importancia menor, dado que «partían de un nivel de ocupación muy bajo en 1987, pero no tanto en Cádiz donde se ha pasado del 6,88 por ciento al 14,52 en 24 años».

DATOS NACIONALES

El 47 por ciento de lo construido en la franja de dos kilómetros de a costa española a lo largo de la historia se elevó entre 1987 y 2011, según datos de fue construida entre 1987 y 2011, según el Observatorio de la Sostenibilidad, que propone crear reservas en el litoral que aún no ha sido transformado.

El informe ‘Cambios de la ocupación del suelo en la costa’ presentado por el Observatorio de la Sostenibilidad advierten tanto del volumen de transformación y ocupación de los casi 8.000 kilómetros de litoral español, así como de la «gran velocidad» a la que se está produciendo este proceso y propone alternativas como la creación de reservas en la costa que aun no ha sido modificada.

En la actualidad, es urbano el 70 por ciento de los dos primeros kilómetros de costa y las superficies dispersas y las infraestructuras suponen un porcentaje muy importante.

El estudio ha sido realizado con información del Corine Land Cover (1987-2011) que incluye datos inéditos sobre el estado actual y tendencias de los cambios en la ocupación del suelo de este ecosistema estratégico, base de importantes actividades económicas como el turismo e imágenes del estado de los núcleos «indultados» en la Ley de Costas de 2013.

Según el trabajo, en la actualidad en las costas vive el 44 por ciento de la población española, más o menos el 4,25 por ciento de la superficie del país en los primeros cinco kilómetros por los sectores y actividades económicas que sustenta este espacio.

El estudio advierte de las «múltiples presiones» de varios sectores claves de la economía. La primera de estas es el turismo, que genera el 12 por ciento del PIB y que depende «de las buenas calidades ecológicas» del litoral, ya que el 80 por ciento de los 55 millones de turistas que visitan España va al litoral.

Además añade que también dependen del litoral sectores como la pesca, la acuicultura, el uso recreativo, determinada agricultura, las energías renovables, etc.. y poseen valiosos espacios protegidos (como Doñana, el delta del Ebro, Cabo de Gata.

Ante esta situación, los autores principales del informe advierten de la «muy preocupante» transformación en superficie artificial del litoral español desde el punto de la sostenibilidad a medio y largo plazo.

Por ejemplo, advierte de que en Valencia ha duplicado su superficie transformada en los últimos 24 años hasta llegar al 67 por ciento y en Málaga se llega a «límites preocupantes», hasta el 81 por ciento, al tiempo que en general en los primeros 500 metros de costa se artificializan dos hectáreas diarias.

El estudio denuncia también la desaparición de ecosistemas naturales de «gran interés ecológico» como humedales, dunas, arenales, zonas forestales, zonas agrícolas, zonas esteparias que han sido transformadas en zonas artificiales.

Fue necesaria la intervención de una veintena de bomberos para la extinción.

Un incendio declarado ayer en una planta de reciclaje del polígono industrial Villa Rosa de Málaga capital, quedó extinguido varias horas después de que fuera declarado, según informaron desde el sistema Emergencias 112 Andalucía y del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga. Un aviso sobre las 18:00 alertaba de un fuego en el almacén de una planta de reciclaje, situada en este polígono industrial. Enseguida se dio aviso a efectivos de Bomberos, de Policía Nacional y Local, según el 112.

Los efectivos de Bomberos se afanaron en trabajar en la extinción del incendio, que al cierre de esta edición ya se daba por extinguido, según un portavoz del Cuerpo. En concreto, fue necesaria la intervención de una veintena de bomberos, añadió.

El Programa de Empleo Rural ha movilizado más de 5.000 millones favoreciendo la contratación de miles de trabajadores de zonas rurales deprimidas de Andalucía.

El Programa de Empleo Rural (PER) cumple este año su treinta aniversario y desde 1986 hasta la fecha ha pasado por algunos retoques, el más profundo la reforma de 2002, si bien se ha mantenido ajeno a la polémica gracias al respaldo de las administraciones, los partidos y los sindicatos. Concebido como un programa para asentar la población en zonas rurales deprimidas de Andalucía y Extremadura con una alta tasa de paro mediante inversiones en infraestructuras y la contratación de trabajadores eventuales agrarios, ha movilizado más de 5.000 millones a lo largo de treinta años, la contratación de cientos de miles de trabajadores y millones de jornales. En la financiación de las inversiones colaboran el Gobierno central, que sufraga la mano de obra para ejecutar las obras en los municipios, y la Junta y las Diputaciones provinciales, que pagan en una proporción del 75% y del 25%, respectivamente, el importe de los materiales.

De forma paralela al PER nació el subsidio agrario, al que tienen derecho los trabajadores eventuales agrarios si han logrado reunir 35 peonadas en el campo, aunque esta proporción ha variado con los años ya que empezó siendo cuarenta y después bajó a 35, si bien algunos años por el impacto de la sequía se han reducido a veinte. Consiste en una ayuda de 426 euros al mes durante seis meses al año, si bien los beneficiarios tienen que pagar 87 euros mensuales a la Seguridad Social. La sombra del fraude ha perseguido al subsidio agrario desde sus inicios sobre todo por el secreto a voces en la mayoría de los municipios de la compra de peonadas para poder cobrarlo.

A pesar de las voces críticas sobre todo desde fuera de Andalucía que cuestionan el PER, este programa cuenta con el apoyo unánime de las administraciones central, autonómica y local y también de los sindicatos y, de hecho, con el tiempo han conseguido alejarlo del debate partidista. También se ha asociado al clientelismo político este subsidio, que perciben en Andalucía unas 150.000 ó 160.000 personas, si bien en sus inicios el número era más elevado. Una reforma en el año 2002, llevada a cabo por el Gobierno del Partido Popular, que endureció los requisitos para cobrar el subsidio marcó un punto de inflexión en el número de perceptores, que empezó a bajar. No obstante, al año siguiente el Gobierno creó la renta agraria para compensar a los jornaleros que no reunían esos requisitos para tener derecho a cobro del subsidio agrario, con lo que se mantuvo prácticamente igual el número de perceptores totales.

A pesar de los cambios de denominación -pasó a llamarse Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agraria (AEPSA) y posteriormente Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), ha persistido el nombre de PER en el medio rural andaluz, como se le sigue conociendo popularmente. En principio, el PER, que sustituyó al llamado empleo comunitario, se destinaba únicamente a Andalucía y Extremadura, aunque en 1996 su aplicación se extendió a otras regiones como Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Murcia y Aragón. Este programa tiene su reflejo en actuaciones en el sector agrícola, ganadero, industrial y de servicios, que van desde la construcción de dotaciones de equipamientos sociales, parques o jardines, hasta la modernización de regadíos, pasando por la urbanización de polígonos industriales, o el arreglo de calles. Actualmente, en Andalucía se ejecutan más de 2.000 proyectos en el marco del Plan de Fomento del Empleo Agrario.