Hemos perdido la cuenta ya de cuántos números de esta publicación hemos dedicado a hablar y opinar sobre la inundabilidad de los polígonos que circundan el río Guadalhorce. Es, de largo, el principal problema que arrastran los empresarios y trabajadores que acuden cada día a estos centros de trabajo.
No puede ser que, en cada época de lluvias, tengamos que estar mirando al cielo esperando que no caiga un aguacero que anegue las mismas calles de siempre y no se ponga sobre la mesa una solución seria y eficaz contra esta situación, que, año sí año no, afecta a miles de puestos de trabajo de nuestra ciudad.
Pero no parece que los poderes políticos local, regional y estatal sean muy consciente de eso. Siguen enfrascados en riñas, patatas calientes y evasiones en un problema en el que, curiosamente, cabría que todos estuviéramos de acuerdo.
En todo este ‘fregao’ se han colado las pisadas de Apoma, que recurrió judicialmente la aprobación de los mapas de inundabilidad de la Junta de Andalucía; los mapas de la discordia. Ahora, el Supremo deberá decidir si aquello fue una exageración de los técnicos regionales y toda una cortapisa al desarrollo y los intereses de la sociedad malagueña o sencillamente una losa que todos debemos aceptar.
