La operación contemplada en el Plan General de Ordenación Urbana y que prevé desmantelar el polígono San Rafael (levantando en su lugar un barrio
con capacidad para 3.211 viviendas) ha tenido contestación en los tribunales.
Muchos empresarios presentaron recursos judiciales en contra de este hecho; aun así, la demanda de la Asociación de Empresarios fue rechazada por el Tribunal Supremo. Sin embargo, la asociación de empresarios y propietarios de las naves y parcelas localizadas en el extremo más próximo a la avenida Juan XXIII ha obtenido un respaldo judicial a sus objetivos.
Una sentencia que ha sido recurrida; el 25 de febrero se emitió un auto por el que el Tribunal Supremo acepta abordar este recurso municipal para determinar si es posible anular la rebaja de la categoría de suelo para que pase a ser “suelo urbano no consolidado” y así se pueda llevar a cabo el desmantelamiento de las empresas y su reurbanización para acoger torres de pisos.
